Ecuador en marcha
La tarde que llegamos a Quito, nuestro taxista nos dice que nos deberá dejar a una cuadra de nuestro hostal porque la calle está bloqueada a causa de una manifestación contra las últimas leyes propuestas por el gobierno sobre la herencia y las ganancias especulativas. Mientras atravesamos la ciudad nos damos cuenta que las calles están tapizadas con imágenes del Santo Padre, cintas blancas y amarillas, carteles de bienvenida por la visita del Papa Francisco. Una ciudad en ebullición a causa de una situación política tensa debida a las últimas decisiones del gobierno de Correa, que mientras tanto, se prepara para recibir al Papa, cuya visita representa la posibilidad para muchos de denunciar las condiciones en las que viven las personas de la periferia y del campo, especialmente las comunidades indígenas. La imagen del país que nos habíamos construido en base a las lecturas y noticias de la prensa y a las informaciones puestas en común durante el mismo Foro Social Mundial, no parece corresponder con lo que estamos viendo con nuestros ojos y con las palabras de las diversas realidades sociales encontradas de Quito a Cuenca.
Desde el principio, sin embargo, parece evidente la fuerte conciencia ambiental y la importante relación que existe entre movilización social y defensa del territorio. “ Ecuador ha tenido una historia diferente a la de los otros países limítrofes” explica Ivonne Yánez de Acción Ecológica “ un país territorialmente pequeño que posee una gran biodiversidad donde no existía rivalidad entre los varios señoríos coloniales debido a la gran disponibilidad de tierra cultivable y la relación con la naturaleza ha sido siempre fundamental para todos los ecuatorianos y, en los últimos 30 años, el movimiento indígena ha dado un gran impulso a esta tendencia, confirmando y reforzando el concepto según el cual no hay separación entre la naturaleza y el hombre, entre el ambiente y las comunidades indígenas”.
Las políticas gubernamentales que han llevado a la firma del Tratado de Libre Comercio con La Unión Europea en diciembre 2014 (que entrará en vigor en 2016), las leyes de reforma agraria y de uso de los recursos del territorio han representado importantes ocasiones de movilización y encuentro de los diversos actores sociales. En 1973, con la aprobación de las leyes de reforma agraria, la comunidad indígena se organiza por primera vez para obtener la propiedad de la tierra y ver reconocido el trabajo desarrollado por ellos en los campos. A partir de los años 70 la comunidades indígenas empiezan a organizarse de manera más estructurada hasta llegar al levantamiento indígena de 1990 donde la comunidad indígena se afirma como el nuevo actor político y sector social de lucha civil, que cumple un papel fundamental en la nueva forma de gobierno y se sitúa como base fundamental del nuevo estado plurinacional. La Constitución Ecuatoriana reconoce oficialmente 14 nacionalidades indígenas, 18 pueblos y 12 lenguas indígenas. En las elecciones de 1996, el movimiento indígena participa con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, con el que quería alentar la participación política de las comunidades, que en 1998 llevó a la elección de 8 miembros al Congreso Nacional de Ecuador. Con el paso de los años, sin embargo, parece que Pachakutik ha perdido el apoyo de la base y por tanto también su peso político en el escenario ecuatoriano.
En 1972 en Colta, provincia del Chimborazo, nace Ecuarunari, movimiento de la nacionalidad kichwa de la Sierra, con el objetivo de defender el derecho a la tierra sobre base regional. Carmen Lozano , dirigente Ecuarunari desde 2013, cuenta la larga resistencia kichwa contra las políticas del gobierno dirigidas a introducir en el país las reglas dictadas por la revolución verde y los sistemas productivos de mercado con la imposición de monocultivos. Explica Carmen. “El gobierno, a través de la revolución verde, ha introducido semillas modificadas, pesticidas y fertilizantes químicos, ha impuesto monocultivos intensivos que van contra el sistema tradicional de producción agrícola y amenaza la preservación de la cosmovisión indígena. Tal tipo de agricultura amenaza la salud de las comunidades, se produce alimento no sano, y el sistema de producción de tipo industrial no respeta los tiempos de la tierra y no permite un trabajo y una gestión colectiva, propia de las comunidades indígenas. De la relación del hombre con la tierra, el conocimiento de las hierbas medicinales, la defensa de las tradiciones, se puede garantizar la soberanía alimentaria, la salud del propio pueblo, la educación de los hijos. El desarrollo nos abre caminos pero nos pide saquear el territorio con proyectos de extracción minera que comprometen la salud del medio ambiente…. Podemos entonces hablar de vivir bien?”
Uno de los proyectos de extracción minera a los que Carmen hace referencia es el proyecto de Quimsacocha, donde Ecuarunari es activo en la defensa del agua de la zona junto a otras organizaciones como la FOA – Federación de Organizaciones del Azuay, activa desde hace 22 años en la Provincia del Azuay, en el sur del pais. “La FOA” explica el presidente Lauro Sigcha “ nace para defender los derechos de las comunidades indígenas y de las comunidades rurales y para afrontar las políticas de asistencialismo del gobierno que no permiten el mejoramiento de las condiciones de vida de dichas comunidades”.
En 2004 en Quimsacocha (literalmente 3 laguna en kichwa), zona donde se encuentran 2 grandes cuencas hidrográficas, la del Jubones que desemboca en el Océano Pacífico y la del Santiago, afluente del rio Amazonas. La canadiense Iamgold inaugura el proyecto de exploración minera con el descubrimiento de yacimientos de oro en el subsuelo que, sin embargo, comprometerían las faldas acuíferas de la zona. De hecho, Quimsacocha, tiene un sistema lacustre de origen glacial que cuenta con unas 30 lagunas y da origen a 3 ríos: El Tarqui y el Yanuncay (zona de la cuenca de Guapondélig) y el río Rircay (zona Giron, San Fernando y Santa Isabel). La FOA toma el mando de la resistencia comunitaria nacida contra el proyecto, organizando acciones de resistencia, marchas, manifestaciones, encuentros, ocupaciones de carreteras y recogiendo consensos para predisponer la primera consulta comunitaria de 2011, proceso en el que el pueblo interroga a las autoridades. Dice Lauro: “Las comunidades se movilizan rápidamente y tenazmente cuando se trata de agua”.
Al inicio también el gobierno se había mostrado contrario al proyecto de extracción minera y había prometido que habría hecho lo posible para bloquearlo, pero con el curso del tiempo el gobierno cambia de posición. En el plan estratégico del gobierno, la zona de Quimsacocha viene indicada con el nombre de Loma Larga para crear confusión, y el gobierno intenta obtener el apoyo de la población al proyecto minero creando consenso en torno a la política extractiva presentándola como instrumento a través del cual los campesinos podrían de verdad mejorar su condición: “en este momento los campesinos están sentados encima de un montón de oro pero viven como mendigos, mientras que la responsabilidad social de los proyectos de extracción minera llevarían a la zona hospitales, escuelas e infraestructuras”.
Las comunidades han reflexionado sobre las ventajas y desventajas del proyecto de extracción minera de Quimsacocha y el impacto de tal intervención sobre las comunidades y sobre el equilibrio ambiental del valle y han decidido luchar por la defensa del agua, fundamental para garantizar la salud de las personas, cultivar, mantener verdes los campos e hidratar a los animales. Sin la presencia de la FOA y el compromiso de las comunidades de San Fernando, Giron, Santa Isabel, Sigsig, Chordeleg, Gualaceo y Quingeo, el proyecto ya se habría puesto en marcha. “En la comunidad de Condor Mirador la resistencia de las comunidades no ha sido bastante decisiva por lo que el proyecto de extracción minera ya se ha iniciado y ahora las comunidades están sufriendo las consecuencias que antes habían infravalorado” dice Lauro.
Por el momento, está en curso un estudio avanzado para valorar el impacto ambiental del proyecto pero el estudio no comprende una especifica sección hidrológica y no ha sido demostrado que el proyecto no provocará una contaminación de las faldas acuíferas de Quimsacocha.
En tal fase, la FOA ha prometido una acción legal para la convocatoria de una segunda consulta popular en la zona de Iron para la que se pide la recogida de 10.000 firmas. La burocracia gubernativa ha ralentizado el proceso tanto que ha empleado 2 años y medio para conceder la autorización y proceder con la consulta popular para convocar después, al cabo de una semana, una contraconsulta, poniendo la cuestión del proyecto de extracción minera desde un punto de vista diferente respecto al de la consulta. En esta última, la formula consultiva rezaba: “¿Estás de acuerdo con el proyecto de extracción minera de Loma Larga?” mientras la pregunta de la contraconsulta era: “¿Estás de acuerdo que el 60% de la riqueza minera sea de propiedad exclusiva de solo algunas zonas de influencia?”.
La confrontación con las instituciones ha sido a menudo duro, con enfrentamientos y arrestos: 3 exponentes del movimiento fueron condenados con la acusación de terrorismo. La movilización de la comunidad para pedir la liberación de los 3 arrestados siguió imponente, tanto que las autoridades decidieron liberar a los acusados después de 8 días de detención.
El compromiso de FAO no se refiere sólo a la defensa del agua pero también la de la tierra y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Lauro nos habla de la situación de la distribución de la tierra “la tierra no está distribuida equitativamente: el 12% de los propietarios de tierras posee el 80% de la tierra cultivable, mientras el 78% de los productores el 15%. Debido a la falta de tierra cultivable, muchos campesinos dejan el campo y van a la ciudad donde emprenden pequeñas actividades económicas informales, vendiendo tabaco y caramelos. Está claro que el problema de la tierra existe y hay que resolverlo”.
El tema escolástico es otro punto clave de la acción del FOA. En 2012, el país contaba con 22.000 institutos escolásticos, en 2015 el número se ha reducido a 16.000, con el objetivo de llevar el número a 5.700. El gobierno está cerrando las escuelas comunitarias. Después de 1990 las comunidades indígenas decidieron promover la educación intercultural y bilingüe con el fin de rescatar y conservar la cultura y la lengua kichwa , defendiendo los valores comunitarios y de la zona andina, a través de la organización, con la aprobación del Estado, de escuelas comunitarias. Ahora el gobierno ha decidido unificar el sistema educativo para crear las llamadas “escuelas del milenio”, grandes edificios modernos y centralizados, dotados de la más reciente tecnología, donde los enseñantes siguen curricula standard occidental. Los niños son obligados a dejar sus pueblos y trasladarse a la ciudad para estudiar, perdiendo pronto el contacto con la comunidad.
La situación general del país ve un gobierno que está progresivamente perdiendo el apoyo, no sólo de las comunidades indígenas sino también de muchos trabajadores y enseñantes que ven en peligro la propia seguridad social después de la presentación de la ley sobre la herencia y las ganancias especulativas.
Encontramos a Lauro los días en los que la FOA y las otras organizaciones están programando una gran manifestación y una larga marcha, en colaboración con las otras realidades sociales indígenas y no indígenas. Participamos en la manifestación en Cumbe donde por mano alzada se decide la fecha de inicio de la marcha: la primera semana de agosto.
Y tal como se ha decidido, desde el 2 de agosto, fuerzas indígenas, sindicales, asociaciones estudiantiles y ecologistas participan en la marcha “por la vida, la dignidad y la libertad” decidida por CONAIE (Confederación Nacional de los Indígenas de Ecuador) bajo iniciativa de Ecuarunari. La marcha está organizada en 3 columnas que recorrerán 7 provincias del país desde el norte, el sur y de la selva amazónica, para confluir conjuntamente en Quito el 13 de agosto, día en el que se convocará una gran huelga nacional por parte de todos los sindicatos y serán ocupadas pacíficamente las principales calles de la capital.
Un país muy diferente al que pensábamos encontrar, un país que una vez más está buscando su equilibrio y lo hace como siempre marchando y luchando.
